ACCESO A LOS MEDICAMENTOS Y EL DERECHO A LA SALUD. ¿CÓMO ESTÁ GUATEMALA?

El derecho a la Salud le permite a cualquier persona acceder a un sistema de salud confiable y de calidad para garantizar el bienestar físico, social y psicológico de la población.

El derecho a la salud obliga al Estado a garantizar a los ciudadanos la posibilidad de poder disfrutar del mejor estado de salud posible. Esto significa que el estado de salud dependerá de cada uno y que el Estado debe asegurar el mismo acceso a la atención de médicos al conjunto de su población (Humanium, s.f.)

El Estado debería ser el encargado en toda la población de velar porque el derecho a la salud sea equitativo para toda la población y proveer lo que sea necesario para que este se mantenga o incluso mejore con el paso de los años.

En el caso de Guatemala, el artículo 95 de la Constitución Política de Guatemala establece que "la salud es un bien público. La salud de los habitantes de la nación es un bien público. Todas las personas e instituciones están obligadas a velar por su conservación y restablecimiento."

Se puede ver en Guatemala que el derecho a la salud es un problema, incluso antes de la situación del Covid-19 pues desde hace muchos años se observaba que cierto porcentaje de la población no tenía acceso a un sistema de salud debido a distintos factores (Cultural, Socioeconómico, lugar de habitación etc.) y la población más afectada por no poder acceder a ello es la más necesitada de un sistema y de un derecho a la salud competente.

Una forma de poder garantizar un derecho a la salud para toda la población sería una mejora en la política de medicamentos.

Una Política Nacional de Medicamentos es un recurso formal que permite ordenar, priorizar, planificar, controlar y evaluar; los aspectos más relevantes del ciclo de los medicamentos en un país (Jimenez, 2018). Actualmente Guatemala no cuenta con una política de medicamentos completamente eficiente pues, aunque si se cuente con una, tiene aún muchos eslabones sueltos o vacíos por lo que necesita mejoras. Se necesita que la implementación sea lo más rápido posible por parte de las autoridades pero son estas las que menos interés tienen por hacer una política de medicamentos justa para la población.

Esta política renovada permitiría que los medicamentos sean de un mejor precio para que puedan ser distribuidos a muchas más personas y mejoraría su calidad de vida y su salud. A través de esto también se podrían prevenir muchas enfermedades a futuro de la población, lo que recae sobre el sistema de salud público en el país y al disminuir estas enfermedades tratadas por el sistema se está previniendo un "gasto" para el Estado. Tener una política de medicamentos eficaz implica una "inversión" a futuro en lugar de "un gasto" en el presente al evitar las enfermedades crónicas que trata el sistema de salud guatemalteco.

Actualmente se está observando una de las peores crisis del sistema de salud y de la respuesta del Estado para abarcar el tema de salud, la pandemia vino a hacer más obvio lo que la población ya sabía que era que el sistema de salud está colapsado, quebrado y empobrecido desde hace muchos años. Sin protección, sin ayuda visible del gobierno, sin conciencia de parte de la población no se puede esperar que un sistema de salud pueda sobrevivir.

Nosotros como guatemaltecos estamos en la facultad de exigir que este derecho se cumpla, que se le haga la reforma necesaria a la política de medicamentos y que se garantice a toda la población guatemalteca un sistema de salud eficiente y de calidad como lo dicta la ley.

Referencias

Humanium (s.f.) Derecho a la Salud. Recuperado de: https://www.humanium.org/es/derecho-salud/#:~:text=El%20derecho%20a%20la%20salud%20obliga%20al%20Estado%20a%20garantizar,poblaci%C3%B3n%20(obligaci%C3%B3n%20de%20medio).

Jimenez, L. (2018) La política nacional de medicamentos en el contexto de América Latina. Revista Cubana de Salud Pública. 44(2). ISSN 1561-3127